Debido a su abundancia de agua, Yucatán se ha convertido en el destino de la industria porcina. La contaminación de los cenotes es inminente.
El cenote de Santa María es parte del anillo de cenotes de Yucatán, que se calcula puede estar conformado por cerca de 1,200 cuerpos de agua interconectados subterráneamente. Es parte de un convenio firmado por México en 1971 para proteger humedales de gran importancia.
En 2013 el anillo se catalogó como Área Protegida, por lo que cualquier actividad que ponga en riesgo el ecosistema está prohibida. No obstante, tan solo tres años después el presidente municipal de Homún, Enrique Echeverría Chan, otorgo permisos a la empresa empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) para poder hacer uso del suelo como una mega granja porcina.
Tanto la Constitución Mexicana, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, protegen el gobierno de las comunidades indígenas por usos y costumbres. Sin embargo, los habitantes de esta región jamás tuvieron conocimiento sobre la instalación de la granja. La noticia llegó cuando comenzaron a ver la construcción de la granja en 113 hectáreas de selva media.
La noticia hizo que el pueblo se levantara e incluso estuvieron a punto de quemar la casa del presidente municipal. En 2017 una reunión con el cabildo simuló dejar sin efecto las licencias, sin embargo, permanecieron vigentes, pues solo un juez podía revocarlas. La corrupción y las irregularidades administrativas permitieron que la construcción de la granja porcina continuara.
Para la construcción se acabaron con árboles de hasta 10 metros de altura, siempre con el aval de las autoridades municipales, quienes cabe destacar, no tenía capacidad legal para las resoluciones.
En realidad, las competencias pertenecían al gobierno federal, quien debía velar que la industria no dañara el ecosistema.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) hizo un estudio de la granja ya construida en la zona, sin embargo, concluyó que no se podía determinar si la zona era árida o forestal, aún cuando está catalogada como selva media. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) dio su visto bueno a la obra, siempre y cuando existiera una planta de tratamiento de aguas residuales, lo cual nunca sucedió.
Desde 2018, la granja opera con cerca de 49,000 cerdos.
De acuerdo con Guillermo de Anda, quien preside las novedosas investigaciones del Gran Acuífero Maya, pueden existir hasta 10, 000 cenotes en Yucatán. Debido a la gran cantidad de agua requerida por la industria porcina, la península se ha convertido en uno de los lugares favoritos para invertir. Según un estudio de Greenpeace, publicado en 2020, hay 257 granjas porcícolas en la península, de las cuales 43 están en Áreas Naturales Protegidas y solo 22 cuentan con el permiso.
La industria derrama una gran cantidad de aguas residuales sobre el subsuelo, lo que hace que el agua ya no sea apta para consumo humano y modifica el ecosistema por completo. Por ejemplo, las aguas ya no serán cristalinas debido a la generación de algas, resultado de la filtración de nutrientes.
En 2018, cuando la granja de PAPO abrió, el pueblo se llenó de excremento y de un pestilente olor a puerco. Debido a la relación comercial que esta granja tiene con Kekén, empresa de Claudio Freixes y una de las mayores productoras de carne en México, uno de los niños de Humón envió una carta solicitando el cese al ecocidio.
Kekén envió un comunicado en el que decía que la propiedad de la granja era de PAPO y que su relación comercial se inició cuando esta empresa había acreditado toda la documentación ante las autoridades, “al revocarse los permisos, el contrato con el particular quedó sin efectos”. Por su parte, Enrique Ortiz, representante legal de PAPO, se negó a dar una postura, argumentando que hay un juicio en marcha.
“Señores de Kekén: pido encarecidamente que retiren sus cerdos de Homún porque no quiero que mi pueblo se contamine con los desechos de sus cerdos… también me gustaría que mi pueblo se mantenga con sus cenotes bonitos y limpios, y no quisiera que más adelante me enferme porque sus cerdos ya hayan contaminado el aire que respiro y el agua”, escribió.
Kekén nunca respondió a esta carta escrita por uno de los niños de Homún. Pero ese gesto infantil, aparentemente inocente, se convertiría en un arma legal para la comunidad. Si las denuncias a las autoridades sobre las violaciones a las leyes ambientales no frenaban la granja, quizás lo haría en los tribunales el inminente desastre ambiental que violaba sus derechos más básicos.
Seis niños contra la industria porcícola
El 28 de septiembre de 2018, seis niños de Homún interpusieron una demanda a través de sus tutores contra el Gobierno de Yucatán, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente estatal y contra el ex edil Enrique Echeverría. Asimismo, seis cartas escritas por los niños llegaron a la jueza de distrito, Miriam de Jesús Cámara Patrón.
Las cartas denunciaban la negación de los derechos de los niños de Homún a crecer en un medioambiente sano, a una vida digna, al acceso al agua, al desarrollo y a su autonomía como niños pertenecientes a una comunidad indígena. La jueza les dio la razón y hoy la granja ha detenido su operación.
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La jueza razonó las medidas como precautorias, pues consideró que no es necesario esperar un desastre ambiental para iniciar el proceso.
“La granja podría poner en peligro la pureza o utilidad del agua en la región, pues es sabido que establecimientos de ese tipo generan un fuerte impacto ambiental, tanto, que existen diversos ordenamientos diseñados para que dicho impacto no alcance proporciones catastróficas para los habitantes”, se lee en el documento.
El amparo aun tiene que ser calificado por la Suprema Corte de Justicia. De calificarse con la misma línea, se convertiría en el primer ganado en su tipo, que podría convertirse en un antecedente para las comunidades de la región. Siguiendo la lógica de la interconexión subterránea de los cuerpos de agua, la resolución tendría que ser aplicada para los 10,000 cenotes.
Eduardo Batllori, secretario de medioambiente de Yucatán de 2007 a 2019, dice en una entrevista que está a favor del principio precautorio, pero que defiende su actuar en el caso de la granja de Homún. Dice que cuando el presidente municipal dio la licencia de uso de suelo a la granja él no tenía autoridad para revocarlo porque el decreto “no prohíbe expresamente la industria porcícola”, aunque sí una actividad potencialmente contaminante en la reserva. “Esta industria es contaminante, pero hay muchísimas otras actividades que también lo son, empezando porque el 70% de las casas ni siquiera tienen fosas sépticas; entonces de aplicarles la ley tendríamos que estar clausurando todas las casas”.
El exfuncionario asegura que fue él mismo quien les exigió el sistema de tratamiento de aguas residuales: “Yo te puedo decir que esa granja tiene el sistema de tratamiento más avanzado que pudiéramos tener a nivel nacional, pero nunca pudo funcionar para mostrar sus bondades. Lamentablemente se perdió esa oportunidad”.
—Pero la granja ya estaba funcionando, y el sistema no se había acabado de construir—, se le replica.
—Ya estaba acabada—, responde Batllori en una llamada, y explica que el biodigestor aún no se había llenado y por tanto no le habían puesto la tapa. —Bueno, además había por ahí un tubo que no estaba terminado de conectar.
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