El veto anunciado a la Ley de Identidad de Género en Querétaro no cerraría por completo la posibilidad de que menores de edad accedan al reconocimiento de su identidad de género, ya que criterios vigentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantienen abierta la vía judicial para este tipo de casos.
La reforma aprobada previamente por el Congreso local contemplaba únicamente a personas mayores de edad para realizar la modificación de nombre y género en actas de nacimiento mediante un trámite administrativo ante el Registro Civil. Sin embargo, especialistas y colectivos señalaron que la exclusión de menores podría derivar en impugnaciones legales.
De acuerdo con resoluciones emitidas por la SCJN en otros estados del país, negar este derecho a niñas, niños y adolescentes puede considerarse discriminatorio y contrario al libre desarrollo de la personalidad, así como al interés superior de la niñez.
Entidades como Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Baja California, Hidalgo y Estado de México ya permiten el reconocimiento de identidad de género para menores de edad bajo distintos mecanismos administrativos o judiciales.
En Puebla, por ejemplo, la Suprema Corte invalidó restricciones que impedían a menores acceder al cambio de identidad en documentos oficiales, al considerar que vulneraban derechos humanos.
En Campeche, tribunales federales también ordenaron garantizar este derecho a adolescentes mediante procedimientos accesibles y sin requisitos desproporcionados. En Jalisco y Ciudad de México existen procedimientos administrativos para que adolescentes puedan realizar el trámite con acompañamiento familiar o mediante autorización judicial en determinados casos.
Organizaciones y activistas han adelantado que podrían promover juicios de amparo para que menores de edad en Querétaro accedan al reconocimiento de identidad de género, aun sin la entrada en vigor de la legislación local.
Los criterios del máximo tribunal del país establecen que las entidades deben garantizar mecanismos accesibles para el reconocimiento de identidad de género, incluyendo procedimientos administrativos para menores de edad bajo determinados lineamientos legales y de protección integral.
El tema podría trasladarse al ámbito judicial federal, donde jueces tendrían que resolver con base en la jurisprudencia ya existente de la Corte, lo que mantendría abierta la posibilidad de que infancias y adolescencias trans puedan obtener el reconocimiento legal de su identidad en Querétaro mediante amparos.
