En la antesala de la marcha feminista del próximo 8 de marzo, día que conmemora la lucha por reconocer los logros políticos, sociales, de igualdad de género y que denuncia la discriminación y violencias, feministas de Querétaro denunciaron públicamente en las puertas de la Secretaría de Gobierno que “el Estado debe garantizar seguridad, no administrar el movimiento feminista”.
“El 8M no es un acto protocolario ni una agenda institucional, es una jornada de denuncia frente a la violencia que las propias instituciones no han erradicado. Exigimos respeto absoluto a nuestra autonomía organizativa”, señalaron.
Representantes de diferentes asociaciones feministas contextualizaron que “la violencia hacia las mujeres que se manifiesta tanto en el ámbito familiar como en espacios públicos y que de manera particular, a través de la violencia institucional, ha habido omisiones, negligencias, agresiones por parte de funcionarios y funcionarias, así como de autoridades”.
Anunciaron que la marcha de este año será constituida por más de 20 contingentes entre los que destacan niñas acompañadas de sus madres, sobrevivientes de violencia; mujeres indígenas; mujeres embarazadas; mujeres señantes, con discapacidad, sanadoras y danzantas entre otras.
En la descripción de datos detallaron que “más de mil 200 denuncias fueron registradas en el último año, con porcentajes altos de violencia sicológica, física, patrimonial y económica. Estas cifras muestran que la violencia contra las mujeres en Querétaro no es un hecho aislado, es estructural y se reproduce con la complicidad de las instituciones encargadas de garantizar nuestros derechos. Cuando las instituciones minimizan, retrasan, fragmentan o encubren, eso también es violencia. Y esa violencia tiene consecuencias reales en niñas y mujeres”.
Mencionaron que el Gobierno del Estado de Querétaro ha decidido guardar silencio institucional, lo que calificaron como complicidad. “Mientras las autoridades hablan de protocolos y debidos procesos. Las niñas enfrentan revictimización, procesos internacionales, indiferencia y trato deshumanizante, se duda de su palabra, se les obliga a repetir su historia una y otra vez, se les expone, se les cansa y se les quiebra” explicaron.
Durante la protesta responsabilizaron públicamente al secretario de Gobierno, Erick Gudiño de cualquier acto de representación (oficial) que ocurra durante la jornada del 8 de marzo, “ya que este año nuevamente se ha convocado una movilización distinta en el mismo punto y horario de nuestra marcha autónoma. La superposición no es menor, genera confusión, fragmentación y desdibujamiento de un proceso organizativo que tiene una historia propia. Nuestra marcha es separatista. Esta definición no es simbólica ni negociable” ya que durante la marcha de 2025 fue interrumpida por otros contingentes ajenos a la convocatoria.
En encuentro con medios de comunicación Dafne denunció que la violencia que vivió comenzó cuando tenía 13 años. “Un hombre de 54 años me buscó a través de redes sociales, me manipuló, me hizo creer que era normal que una niña estuviera con un adulto, me aisló, me presionó para enviarle fotos y videos sexuales, me tomó material sin mi consentimiento, me amenazó, me maltrató y me violó”.
Explicó: eso tiene un nombre, abuso sexual infantil, corrupción de menores y violación. No fue una relación, no fue consentimiento, fue un delito. Lo más grave es que cuando decidí hablar, cuando reuní el valor para denunciar, la fiscalía minimizó los hechos, no me escucharon, me cuestionaron y me revictimizaron.
¿Por qué? Porque mi agresor en ese momento era fiscal y hoy es perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Hoy no solo denuncio la violencia sexual que viví, denuncio la protección institucional, la obstrucción de justicia, la falta de empatía y el encubrimiento que protege agresores cuando tienen poder.
La mamá de Lluvia, quien es sobreviviente de intento de feminicidio acusó a las instituciones de abandono. Señaló que se encuentra atravesando violencia vicaria la cual es perpetuada por las instituciones, “ya que estoy sufriendo abandono institucional, ya que se me está obligando a sentarme y a convenir con mi agresor, pese a que hay una carpeta de investigación por violencia familiar en donde tengo medidas de protección. También se me está obligando a hacer una revinculación forzada con mi infancia, pese a que también es víctima directa de su progenitor”.
Indicó que “Lluvia no volverá, pero su nombre no será olvidado. Exigimos la ejecución inmediata de la sentencia”.
El año pasado acudieron a un evento convocado por la Secretaría de las Mujeres en el que presuntamente se les daría conocimiento sus ejes de acción en torno a las necesidades de las mujeres en el Estado. Sin embargo, “asistimos confiando en que encontraríamos un espacio institucional serio para escuchar propuestas y líneas de trabajo claras. Lo que presenciamos fue otra cosa, no fue un espacio real de diálogo, no fue un ejercicio transparente de rendición de cuentas, no fue una presentación seria de una política pública, fue un acto protocolario sin contenido sustantivo y con un trato hostil hacia quienes habíamos señalado violencia institucional”.
