El Parlamento de Israel aprobó de forma preliminar un proyecto de ley que busca aplicar la legislación israelí en Cisjordania ocupada, medida que equivaldría a la anexión de ese territorio, reclamado por los palestinos.
La iniciativa fue aprobada por 25 votos a favor y 24 en contra y aún requiere tres votaciones más para convertirse en ley.
La sesión coincidió con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, un mes después de que el presidente Donald Trump manifestara su oposición a la anexión de Cisjordania por parte de Israel.
El proyecto fue presentado por legisladores ajenos a la coalición de gobierno encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu aunque la mayoría de los diputados del partido Likud votaron en contra, uno de ellos, Yuli Edelstein, apoyó la propuesta.
Tras la votación, Edelstein fue retirado de las comisiones de Exteriores y Defensa, luego de que su partido considerara su postura como un “boicot” a la disciplina interna, de acuerdo con el diario The Times of Israel.
Algunos miembros de la coalición oficialista también respaldaron la medida, argumentando que Israel mantiene lazos históricos con Cisjordania.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) rechazó el proyecto, señalando que constituye “otro intento de Israel por legitimar su soberanía sobre territorios que considera ocupados”. La ANP afirmó que la medida se enmarca en una serie de acciones políticas destinadas a “modificar la narrativa sobre el estatus legal de Cisjordania ante la comunidad internacional”.
Por su parte la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva en la que recordó que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de “garantizar las necesidades básicas de la población de Gaza y no puede emplear el hambre como método de guerra”.
El tribunal, con sede en La Haya, aclaró que su pronunciamiento no es jurídicamente vinculante, pero sí posee “gran peso jurídico y autoridad moral”.
El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, señaló además que Israel no presentó pruebas que sustenten sus acusaciones contra empleados de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Oren Marmorstein, calificó el dictamen como un intento de imponer medidas políticas bajo el argumento del derecho internacional.
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